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El enfrentamiento entre la web y el Fiscal General de Nueva York sigue creciendo

Airbnb contra la ciudad (y el estado) de Nueva York

La ciudad que nunca duerme es, sin duda, uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo. Ya sea por su historia, por sus impresionantes edificios, por su comercio (¡qué comercio!) o por su ritmo trepidante, el caso es que la gran manzana es un lugar que primero te atrae y, una vez que lo has conocido, te deja huella y te obliga a volver. Así, en toda la ciudad, y especialmente en Manhattan, ha proliferado una industria turística que tiene en hoteles y todo tipo de restaurantes su máximo exponente. Así, no es de extrañar que cualquier planteamiento de negocio que, de alguna manera, haga que esa industria se sienta amenazada, haga que el sonido de sables empiece a recorrer todos y cada uno de los rincones de la ciudad. Esto es lo que ha ocurrido con Airbnb en Nueva York, donde la resistencia experimentada por el servicio online ya no sólo se circunscribe a la industria hotelera, sino también a determinados agentes legales, como el Fiscal General de Nueva York, que en unas recientes declaraciones se ha posicionado del lado de la industria turística de Nueva York, a la que asegura defender con sus acciones. Sin embargo, la empresa no se ha amilanado y, antes bien, ha contraatacado, poniendo en marcha una campaña de recogida de firmas en contra de dichas acciones y, según la misma, a favor de los derechos de todos los ciudadanos de Nueva York.

Pero pongámonos en antencedentes. Por si no lo conoces, Airbnb es un servicio online que te permite alquilar tu casa, ya sea sólo una habitación o toda la vivienda, para estancias de corta duración. Este servicio ha ido ganando popularidad, gracias a que sus precios suelen resultar más competitivos que los que ofrecen los servicios de alojamiento tradicionales (hoteles, hostales, etcétera). El problema es que cada estado y país tiene unas normas regulatorias distintas, y en algunos casos puede ocurrir que el modelo de negocio propuesto por Airbnb no se ajuste a las legislaciones locales. Eso ocurre en este caso, ya que el Estado de Nueva York prohíbe el alquiler de viviendas completas por períodos inferiores a un mes, a no ser que su propietario permanezca en la misma durante la estancia del huésped. Así, toda la actividad llevaba a cabo por Airbnb en este estado y que coincida con ese planteamiento sería contraria a la ley. Sin embargo, aunque ese es el argumento legal empleado por el fiscal de Nueva York, hay un mar de fondo más denso y que merece la pena analizar. En primer lugar, está una frase del mismo, en la que afirmaba que defendería sin dudarlo los intereses de los hoteles de la ciudad. Es cierto que, a posteriori, dicha declaración se ha visto matizada, pero ha servido para que tanto Airbnb, como la persona que ha iniciado la campaña de recogida de firmas a favor del servicio en Nueva York, pidan al fiscal que vele por los derechos e intereses de toda la población, no sólo del lobby hotelero. Por otra parte, también hay un aspecto que no pasa desapercibido en este asunto: los propietarios de viviendas no pagan impuestos por sus arrendamientos. Esto podría no tener mayor importancia cuando su actividad se limitaba a la de unos pocos «frikis» que se alquilaban habitaciones y pisos entre ellos, pero ahora que el volumen de actividad del servicio ha crecido de manera exponencial, se ha convertido en un suculento pastel del que, lógicamente, todo el mundo quiere un trozo. Por supuesto, Airbnb paga impuestos por todas sus actividades, pero la posibilidad de que haya ingresos no declarados (y por lo tanto no tributados) genera alergia en cualquier administración pública. Esto ya provocó la petición a Airbnb, por parte de la administración local, de los datos de aquellos miembros de la web que hubieran ofrecido sus viviendas a través del servicio, petición que Airbnb no atendió. También según el fiscal, la plataforma es utilizada para operar redes de hoteles clandestinos, es decir, establecimientos o grupos de apartamentos que no pasarían las normas regulatorias para operar como tales, o que pese a que sí que podrían hacerlo, prefieren permanecer en la sombra para ahorrarse los costes de licencias, impuestos, etcétera. El 21 de abril, Airbnb retiró de la web 2.000 ofertas de alojamiento en la ciudad, lo que fue aprovechado por el fiscal, en una columna de opinión publicada en The New York Times un día después, en la que vinculó dicha «limpieza» con sus acusaciones. Y un aspecto más, contemplado por el fiscal, es que los establecimientos hoteleros ofrecen a los clientes unas garantías y una seguridad que no obtienen con Airbnb, ya que las condiciones finales dependen de cada anfitrión.

Sin embargo, lejos de amilanarse, Airbnb ha decidido plantar cara al fiscal y, tanto mediante comunicados (que puedes ver aquí y aquí) contraargumentar las acusaciones del mismo, así como desatender peticiones que consideran que violan la privacidad de sus usuarios. Así, hasta ahora no han facilitado al mismo la documentación que éste les solicitaba, al tiempo que tras consultar con expertos, han argumentado lo beneficioso que es para las ciudades el modelo de negocio propuesto por Airbnb. Y es que, según sus números, los visitantes que lleguen a la Nueva York gracias a Airbnb supondrán unos ingresos de 768 millones de dólares, turismo que quizá no se hubiera decantado por la ciudad de no contar con dichos servicios. También defienden que la posibilidad de alquilar sus viviendas (o parte de las mismas) por un corto espacio de tiempo, supone una importante ayuda para que puedan pagar sus hipotecas a final de mes, algo que quizá no podrían hacer sin esos ingresos. De ahí, la campaña en la que se pide al fiscal que vele por los intereses de todos los neoyorquinos, y no sólo por los de las cadenas hoteleras. Eso por no hablar de regulaciones legales que parecen diseñadas exclusivamente para defender los intereses de unos pocos, no los de la mayoría, como es el caso de la prohibición de alquilar una vivienda completa por menos de un mes. Uno no puede dejar de preguntarse por la razón de ser de esa limitación. Es decir, ¿qué sentido tiene que sea ilegal alquilar un piso por 29 o menos días, pero pase a ser legal hacerlo por 30 o más? ¿En qué manera incide esto en el bienestar de los ciudadanos? ¿Es una ley histórica que ha sido recuperada para la ocasión o, por el contrario, tiene un origen reciente y relacionado con los grupos de presión?

Está claro que los servicios en los que los ciudadanos pasan a ofrecer servicios que, hasta ahora, eran un feudo exclusivo de determinados profesionales, están suponiendo una revolución que no siempre encaja bien. Un ejemplo perfecto de ello es Uber, que recientemente ha llegado a España (no sin polémica, como puedes ver incluso en los comentarios de dicho artículo), y que en otros países se enfrenta a vetos… sorprendentes, como el que pretende prohibir a sus profesionales el uso de la geolocalización. O los problemas a los que se enfrenta Blablacar, que tampoco ha hecho buenas migas con taxis, autobuses, etcétera. Está claro que deben existir ciertas regulaciones, concretamente todas las necesarias para garantizar seguridad y calidad de servicio a los usuarios. Sin embargo, no puede ser que éstas sean empleadas para proteger sectores que, de mejorar (algo a lo que no se ven obligados gracias a la exclusividad) supondrían una gran mejora para el bien común. Por ejemplo, ¿cómo funcionaría el servicio de taxi de muchas ciudades, de haber competencia? Me refiero, claro, no a otros taxis que siguen exactamente el mismo esquema, sino a algo como, por ejemplo, los Black Cars que operan desde hace años, precisamente en Nueva York. En mis años como usuario del servicio de taxi de Madrid he conocido a excelentes profesionales, pero también a más de un caradura que, está claro, pensaba que su taxi era su reino de taifas, y que por lo tanto podía hacer en él lo que le diera la gana. ¿Cumplía la normativa? Sí… por ejemplo hasta que se empezó a exigir un mínimo de limpieza. ¿Regulaciones que protejan a los usuarios? Sin duda. ¿Otras que perpetúen monopolios de facto? No, por favor. Hace algunos años estuve en Nueva York, y me alojé en un hotel muy popular de la ciudad. A cerca de 300 dólares la noche (suerte que fue cuando el cambio euro-dólar estaba alrededor de 1,5) y me encontré unas habitaciones con muebles carcomidos, instalaciones que lloraban por una reforma, papel pintado en las paredes cuya datación histórica habría sido un desafío científico… Me moría de ganas de conocer Nueva York (y ahora me muero de ganas de volver), pero el precio del hotel me pareció un abuso, y una de las principales razones por las que no he vuelto a ir es, precisamente, que los precios me parecen abusivos, y creo que están más que hinchados. ¿Pueden servicios como Airbnb, Uber, Blablacar, etcétera, reventar burbujas nacidas al abrigo de monopolios? Puede que sí. ¿Deben existir regulaciones que velen por la calidad del servicio final obtenido por el usuario, sea en un hotel o en un apartamento privado? Sin ninguna duda, al menos en mi opinión. ¿Dónde está la solución?

 

Imagen: Tek’nLife

 

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