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La FAA hace casi imposible la investigación privada con drones

Científicos de EE.UU. quieren poder usar drones

Los drones siguen siendo un dolor de cabeza para las autoridades. En los Estados Unidos la administración encargada de regular la aviación civil en aquel país, la Federal Aviation Administration, lleva casi una década elaborando un conjunto de normas para garantizar la seguridad de los vuelos comerciales de drones. Y todavía no ha mostrado nada de ese esfuerzo. Prometen que este año harán pública una normativa sobre los drones comerciales de menos de 25 Kg. Pero la tecnología que ha hecho posibles los primeros aeromodelos con ciertas capacidades de «drone» ha evolucionado muchísimo en estos años. Tanto que la FAA se ha visto obligada a emitir aclaraciones periódicamente para definir ciertos límites a lo que es posible y lo que no en este tiempo.

Precisamente una de estas aclaraciones es la que ha generado esta polémica en el ámbito de las universidades privadas. Las limitaciones aplicables a un aficionado al aeromodelismo que quiera volar drones son muy sencillas: mantenerlo por debajo de 400 pies (unos 120 m), no volar por encima de aeropuertos y tenerlo siempre dentro del alcance visual del operador. Si el drone forma parte de un programa de investigación académica, deja de ser un vuelo por afición y la FAA tiene un proceso especial para tramitar estas autorizaciones. Lo que sucede es que sólo es efectivo si los investigadores pertenecen a universidades públicas. Las limitaciones que impone la FAA a los investigadores de entidades privadas son tan grandes que, en la práctica, prácticamente no merece la pena solicitarlas.

Una de las quejas que expone este grupo de científicos en la carta que le han enviado a la FAA es que esta agencia, que tradicionalmente ha regulado todo lo que transcurría en el espacio aéreo público (desde los 500 pies de altitud y por encima), ahora indica que considera «espacio aéreo nacional» a «todo el espacio aéreo de los EE.UU.m incluyendo los campus, patios traseros e incluso posiblemente dentro de los edificios». Tal y como informa ABC News los representantes de la FAA no se han pronunciado oficialmente al respecto.

Los afectados por esta limitación de volar con drones son los científicos asociados a entidades privadas, pero la carta está firmada también por científicos de las universidades de Michigan y Wisconsin, que son públicas, lo que deja ver que la preocupación por el freno que esta medida podría suponer al desarrollo de las investigaciones en los EE.UU. es bastante claro en la comunidad científica.

En España ya disponemos de unas primeras medidas legales publicadas en el BOE del 4 de Julio donde limitan el vuelo de drones (UAVs, Unmanned Aerial Vehicles o RPAs, Remotely Piloted Aircrafts) a aficionados dentro de instalaciones adecuadas para la práctica de esta afición, con drones de menos de 2,5 Kg, en posesión de las habilitaciones y seguros adecuados y con un límite de 120 m de altitud, 300 m de distancia y siempre con alcance visual. Fuera de este marco, el resto se consideran operaciones profesionales y la serie de limitaciones es mucho mayor. La regulación detallada está por desarrollarse, pero básicamente requiere un título aeronáutico semejante al de piloto de ultraligeros, permisos para cada vuelo, etc.

Para muchos aficionados a los drones en España esto es un muro de limitaciones excesivas, pero para las empresas que prestaban servicios con estos dispositivos es un marco legal, que aun limitando bastante lo que es posible, sí les da seguridad jurídica para sus operaciones. Este desarrollo legal está enmarcado dentro de una directiva europea que está en pleno desarrollo. El país que lleva la delantera en este caso es Francia y España quien le sigue de cerca.

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