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La nueva ley podría salir en enero o febrero del 2015

La región de Bruselas regulará Uber

Hace apenas unos días la policía de Madrid detuvo a cinco personas taxistas por embestir y amenazar de muerte a un conductor de Uber. En octubre pasado, en Barcelona ardieron dos coches de Uber. En septiembre ya había habido un suceso parecido en el aeropuerto de El Prat. Las manifestaciones y presiones en España entre el sector del taxi hacia los conductores de Uber no son diferentes de las que se están produciendo en el resto de los países de Europa donde la empresa ha abierto la aplicación. Sin embargo, parece que en la región de Bruselas tienen algo más de confianza en que se pueda llegar a una «coexistencia pacífica» entre ambos contingentes.

La región, que forma parte de Bélgica, está preparando una nueva legislación precisamente para facilitar la, hasta ahora difícil, convivencia entre ambos sistemas de transporte de viajeros por ciudad. La previsión es que la nueva normativa vea la luz sobre enero o febrero de el próximo año, después de sentar a la mesa a todos los implicados y decidir la mejor forma de partir el pastel de manera que todos aseguren su parte.

Según informa The Wall Street Journal, aún no están claros los términos de la nueva ley, ni las reglas por las que tendrán que regirse los conductores de Uber a partir de la aprobación de la misma, pero sí vuelve a señalar las habituales acusaciones de competencia desleal por parte de los taxistas, que deben hacer comprobaciones periódicas de seguridad en sus vehículos, pagar seguros, impuestos y seguridad social, cosa que no ocurre de momento con los coches de Uber. De hecho, según denunciaron los cinco personas taxistas de Madrid, el vehículo al que acosaron siguieron no tenía pasada la ITV, lo que no deja de ser un problema de seguridad para los usuarios que la empresa, Uber, tendrá también que verificar y responsabilizarse de hacer cumplir en caso de que sea parte de las condiciones de Bruselas para la regularización del servicio.

Bruselas también ha ido en avanzadilla con el sistema de alquiler de alojamientos privados Airbnb, que ya se ha integrado dentro del sector turístico de la ciudad. El punto de conflicto fundamental sigue estando en las cuotas e impuestos que pagan los profesionales del taxi y que no hacen los conductores de Uber. Sin embargo, la empresa asegura que cumple con «todas las leyes fiscales aplicables, y paga impuestos en todas las jurisdicciones como el impuesto de sociedades, el impuesto sobre la renta, impuesto sobre la nómina, las ventas y el uso de impuestos y el IVA», según señala TWSJ. 

Este intento de acuerdo llega después de mantener durante largo tiempo un ambiente realmente caldeado entre taxi y Uber. Desde el pasado mes de marzo la ciudad ha actuado contra Uber, incautando 19 coches, 11 smartphones y multando con 10.000 € a los conductores sin licencia. La policía practica redadas contra Uber al menos dos veces a la semana pero de momento no es posible evitar que cada nuevo enfrentamiento parezca provocar el efecto contrario al deseado, y cada vez son más personas las que se descargan la aplicación de Uber, que ya se ha convertido en una empresa con más valor que Repsol o CaixaBank, según publica hoy El País (no enlazamos a la noticia porque se cabrean).

El caso es que todo este conflicto también choca de frente con la política de la propia UE de apoyar los nuevos servicios de movilidad que pueden reducir costes para los usuarios. Así que, a fin de cuentas, la solución deberá estar en tomarse la molestia de tratar de buscar una fórmula que beneficie a ambas partes, pero sin que eso haga que se pierda la competitividad que beneficia al usuario. Finalmente esa es una de las razones por las que servicios como Uber o Blablacar están creciendo, que ofrecen la posibilidad de obtener lo mismo por un precio más asequible. En el caso del taxi, los frecuentes abusos que se dan a veces, especialmente en las grandes ciudades, también han predispuesto al usuario contra el servicio oficial. Ahora bien, también es obligación del usuario, aparte de protestar, exigir que los servicios alternativos dispongan de las mínimas garantías de seguridad.

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