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El proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial pone trabas al crowdfunding

Regular el crowdfunding o el miedo a la innovación

Cuando los legisladores deciden entrar en un nuevo sector de actividad económica o “proteger” uno que está inmerso en cambios, muchos nos echamos a temblar. La nueva Ley de Fomento de la Financiación Empresarial es, seguramente, muy necesaria y tendrá consecuencias positivas. La regulación que se pretende hacer de la financiación participativa, más conocida por crowdfunding, no parece tan positiva. Al menos, en caso de aprobarse tal y como ha llegado al Consejo de Ministros.

La ley establecerá la supervisión por parte de la CNMV (si se invierte a cambio de participaciones o valores) y del Banco de España (si la inversión es en forma de préstamo), algo que puede ayudar a generar confianza en las plataformas y a evitar fraudes.

Sin embargo, parece que la ley se deja fuera a gran parte del modelo: no en todas las plataformas de crowdfunding se financia a la empresa a cambio de participaciones o mediante un préstamo. En las más populares como Indiegogo y Kickstarter. En el crowdfunding basado en recompensas, el inversor es realmente un comprador que paga desde unos pocos euros a cambio de una camiseta hasta miles de euros a cambio de una edición especial del producto. ¿Se consideran estas plataformas también plataformas de financiación participativa? En principio, parece que no. Las plataformas afectadas serán otras como Inverem o Inversore.

Una vez aclarado esto, vienen los límites. Cada proyecto podrá recibir un máximo de un millón de euros. Se trata, en principio, de un límite que no impedirá a la mayoría de empresas capitalizarse por este medio. Sin embargo, cierra la puerta a proyectos que necesiten de una inversión superior. Si las entidades reguladoras supervisan que las operaciones son correctas, ¿por qué establecer límites más estrictos que en otras vías de financiación? El único motivo que se nos pasa por la cabeza es el temor a que se les vaya de las manos. Limitando el volumen de capital, se limita el alcance de cualquier catástrofe… y las posibilidades de creación de riqueza del modelo.

Este límite no es, sin embargo, el que puede poner la puntilla al modelo de financiación en nuestro país. El límite de 3.000 € por inversión y 6.000 € al año sí. Los inversores que participan en esta modalidad de inversión, en muchos casos, invierten cantidades superiores a 3.000 € en un proyecto. Además, el tope de 6.000 € cada doce meses limita las inversiones a inversores casuales: los inversores que aportan más capital a empresas mediante este modelo, como casi todos los business angels y otras figuras que aportan capital en las primeras etapas de un proyecto, invierten en muchas empresas. La mayoría de ellas terminan desapareciendo y las pocas que salen adelante cubren la inversión y reportan un beneficio al inversor en el caso ideal.

Con 6.000 € al año, no se puede invertir en muchas empresas. Eso no quiere decir que los posibles inversores vayan a dejar de invertir por otras vías, pero cierra al emprendedor un camino que le aporta visibilidad y limita el número de proyectos que los inversores pueden analizar. En otras palabras: las plataformas de crowdfunding aumentan la calidad y cantidad de inversión privada en empresas innovadoras. El proyecto de ley cierra esa puerta y, por tanto, reduce las posibilidades de que salgan grandes proyectos de nuestro país mediante crowdfunding.

¿Las posibles consecuencias? Proyectos que no salgan adelante, proyectos que salgan adelante fuera de España o que dependan de la financiación de los bancos, que necesitan realidades y no buenas ideas sin ninguna garantía de éxito. Para muchos emprendedores, limitar un sector que el año pasado movió 2.700 millones de euros en financiación, 10 de ellos en España, será contraproducente.

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