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Las plataformas de crowdlending que quieran seguir ofreciendo sus servicios deberán modificar sus plataformas para ajustarse a la ley

En qué consiste la ley del crowdlending

Desde que el pasado 27 de octubre entró en vigor la Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial, también llamada Ley del Crowlending, existe un marco legal al que debe atenerse las empresas dedicadas a gestionar inversiones y financiaciones a través de crowdfunding y crowdlending. Eso significa que las empresas que quieran seguir ofreciendo estos servicios deberán modificar sus plataformas para ajustarse a la ley. A continuación te explicamos en qué consisten esas modificaciones y cómo afectarán a empresas e inversores.

Lo primero es explicar brevemente las diferencias entre crodfunding y crowdlending:

Crowdfunding: Hay dos tipos de crowdfunding. El primero se basa en la donación, generalmente de forma desinteresada, a un determinado proyecto. En el segundo tipo, el dinero donado da opción a una participación del proyecto o alguna otra contraprestación como parte de los beneficios, rentas, acciones, etc., incluida la devolución de lo donado sin intereses. A esta segunda opción, cuando busca la contraprestación son acciones de la compañía, también se la conoce como equity crowdfunding.

Crowdlending: Es un derivado del crowdfunding que busca contraprestación, pero a diferencia del equity crowdfunding, en este caso la inversión es puntual, sin buscar formar parte de la compañía. Simplemente los inversores aportan en conjunto el capital que precisa una empresa a cambio de unos intereses.

Aclarado esto, una de las modificaciones más importantes que tendrán que realizar las plataformas de crowdlending en nuestro país es que tendrán que ser una entidad de pago autorizada por el Banco de España, o bien colaborar con una que esté autorizada por la entidad. Ahora bien, ¿qué es una entidad de pago?

Una entidad de pago está regulada por la Ley 16/2009 del 13 de noviembre de servicios de pago, gracias a lo cual cuenta con autorización del Ministerio de Economía y Hacienda, previo informe del Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de PBC. Esa autorización le permite realizar servicios de pago como transferencias, adeudos domiciliarios y pagos con tarjetas sin necesidad de ser, como hasta entonces, un banco o una caja. Un ejemplo de entidad de pago es la francesa LemoWay, regulada por Banque de France y autorizada además por el Banco de España para operar en nuestro país.

Volviendo a la ley que regula el crowdlending, las plataformas tendrán que distinguir entre inversores acreditados y no acreditados. Según explica el portal de préstamos para pymes Arboribus, las diferencias entre un inversor acreditado y otro que no lo esté son las siguientes:

tabla-inversores

A causa de esto, las empresas que gestionan el crowdlending en nuestro país están obligadas a verificar los requisitos de los inversores para ajustarse a la ley. Así, para que personas físicas o jurídicas puedan cumplir como inversores acreditados deben cumplir alguna de las siguientes condiciones:

Personas físicas:

  • Ingresos anuales superiores a 50.000 euros
  • Patrimonio financiero superior a 100.000 euros
  • Recibe asesoramiento legal para este tipo de inversiones

Personas jurídicas:

  • El total de las partidas del activo debe ser igual o superior a 1 millón de euros
  • El importe de la cifra anual de negocios debe ser igual o superior a 2 millones de euros
  • Los recursos propios deben ser iguales o superiores a 300.000 euros

En el caso de los inversores no acreditados lo que ocurre es que se limita el importe máximo de las inversiones, ya sean por préstamo o en el total invertido, y quedan de la siguiente manera:

  • Pueden ser tanto personas físicas como jurídicas
  • Su límite de inversión está en 10.000 euros anuales máximos en inversión de crowdlending
  • El límite de inversión máxima por proyecto será de 3.000 euros
  • No podrán usar el Sistema de Inversión Automático (SIA)

Otro punto de la ley hace referencia al ámbito de actuación de las empresa de crowdlending, que debe circunscribirse al territorio nacional, tanto en las propias plataformas de crowdlending como en la participación de los inversores. Esto es, que la norma no aplica a las inversiones en plataformas de crowdlending que estén fuera de España, salvo que estas actúen específicamente para captar clientes y ofrecer servicios en nuestro país.

El objetivo de las plataformas de crowdlending queda, entonces definido en poner en contacto a inversores y a pymes que soliciten financiación. Las plataformas sólo pueden recibir, analizar, seleccionar y publicar los proyectos que buscan financiación participativa, y usar la tecnología para facilitar el acuerdo de los pactos de financiación entre inversores y empresas. Para esto también pueden analizar los riesgos de las empresas para asignarles un rating de solvencia.

Lo que no podrán hacer bajo ningún concepto estas plataformas es hacer recomendaciones o asesoramiento personalizado a los inversores sobre los proyectos, ni ofrecer préstamos directamente a las empresas.

Tabla: cortesía de Arboribus

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