Introducción
Corea del Sur está a punto de reconocer oficialmente a las empresas de criptomonedas como sociedades de capital riesgo, un cambio que podría facilitar el acceso a beneficios fiscales y financiamiento para el sector. Esta medida se enmarca dentro de una política económica favorable hacia las criptomonedas, impulsada por el presidente Lee Jae Myung.
Cambios en la regulación de las criptomonedas
La propuesta del Ministerio de Pequeñas y Medianas Empresas y Startups busca reclasificar las compañías de activos digitales, sacándolas de una lista de industrias restringidas que incluye juegos de azar y vida nocturna. Si se aprueba, esta reforma podría modificar una normativa que impidió a las startups del ecosistema cripto acceder al competitivo mundo del capital riesgo en Corea del Sur.
Este cambio legislativo surge tras años de exclusión normativa, con hitos significativos como la pérdida del estatus de capital riesgo por parte de Dunamu, madre de la plataforma de intercambio Upbit, que tuvo que hacer frente a pagos de impuestos que sumaron 24 mil millones de wones (aproximadamente 18 millones de dólares). La empresa llevó su caso a los tribunales pero no tuvo éxito, lo que resalta las difíciles condiciones que enfrentan las compañías del sector.
Actualmente, el Ministerio busca poner de relieve las cualidades innovadoras y emprendedoras de las firmas de criptomonedas, alineándolas con otros sectores tecnológicos emergentes.
Impulso a la economía pro-crypto
La iniciativa representa un cambio notable en relación con la política anterior, donde las empresas de criptomonedas eran clasificadas junto con sectores excluidos de recibir ayudas gubernamentales. La propuesta busca eliminar esa categorización, permitiendo a las nuevas y existentes startups registrarse como empresas de capital riesgo sin temor a perder su estatus.
El Ministerio sostiene que el nuevo marco impulsará el ecosistema de capital riesgo en Corea del Sur y fomentará la expansión de las industrias de blockchain y criptomonedas. El gobierno recolectará comentarios del público sobre el proyecto de ley hasta el 18 de agosto de 2025, dando inicio a un proceso legislativo formal. Si se aprueba, las empresas de criptomonedas podrán acceder a herramientas de apoyo, como reducciones fiscales y garantías de préstamos, que actualmente están disponibles para otros startups reconocidas.
Estrategias del presidente Lee en el ámbito cripto
Esta propuesta forma parte de múltiples iniciativas del nuevo gobierno del presidente Lee Jae Myung. Desde su asunción el mes pasado, Lee ha puesto a los activos digitales como eje central de su estrategia económica, impulsando la aprobación de fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin, explorando la creación de un stablecoin basado en el won y reexaminando la prohibición vigente sobre el comercio institucional de criptomonedas.
Las grandes entidades bancarias surcoreanas ya han comenzado a responder ante estas iniciativas, registrando marcas para productos de stablecoins y desarrollando infraestructura para blockchain y servicios de billetera digital.
Impacto potencial en la inversión y legitimidad de la industria
Esta modificación legislativa podría tener un impacto significativo más allá de las ventajas fiscales. Al reconocer a las empresas de criptomonedas como sociedades de capital riesgo, se les confiere una legitimidad en un sector que hasta ahora había operado al margen de la finanza tradicional en Corea del Sur.
Esta mayor credibilidad podría atraer a inversores institucionales, fomentar la creación de nuevas empresas y reducir las fricciones asociadas al cumplimiento normativo. Además, podría alinear a Corea del Sur con otros mercados que ofrecen políticas similares, como el marco MiCA de la Unión Europea y las reformas en Japón dirigidas a permitir la recaudación de fondos limitada mediante criptomonedas.
Con la posibilidad de que proyectos de criptomonedas financiados por capital riesgo accedan a préstamos bancarios y subvenciones para innovación, el ecosistema podría experimentar un desarrollo acelerado y asegurar una presencia más robusta en la economía tecnológica más amplia del país. Las aportaciones públicas sobre la propuesta están actualmente abiertas, y se esperan decisiones finales para finales de este año.
